Lyydia Kilpi, Directora de Participación de la Sociedad Civil del EITI, explica el papel que puede desempeñar el EITI para contribuir a los debates sobre la extracción de recursos naturales.
Viiankiaapa es un humedal protegido del norte de Finlandia, mi país natal. Pródigo en lagunas, pinares y abedules, el humedal acoge especies amenazadas de plantas y aves. Tradicionalmente, la tierra ha sido utilizada para la cría de renos por el pueblo indígena sami. Debajo se encuentra un rico depósito de cobre, níquel y cobalto.
¿Extraer o no extraer? Esta es una cuestión crítica para los gobiernos y las comunidades que albergan recursos de petróleo, gas y minerales. Obedeciendo a la convicción de que los recursos naturales pertenecen a los ciudadanos de un país, el EITI no debe eludir tales debates allí donde estén teniendo lugar.
Decisiones difíciles
Cuando se trata de los costos y beneficios de un proyecto extractivo, es inevitable que las comunidades locales, los funcionarios gubernamentales y los inversores tengan intereses y perspectivas divergentes. ¿Cómo se equilibra la necesidad de ingresos del gobierno para gestionar escuelas y hospitales frente al valor de la biodiversidad o los medios de vida tradicionales? ¿Pueden mitigarse los riesgos y los posibles impactos negativos de la extracción?
La transición mundial hacia la energía renovable supone una nueva vuelta de tuerca en un viejo dilema. En Noruega, la sociedad civil presentó una demanda contra el gobierno por permitir la exploración petrolera en el Ártico, afirmando que era inconstitucional abrir nuevos campos petroleros en medio de la crisis climática.
A medida que la transición energética se acelera, se intensificarán los debates sobre los proyectos greenfield en el sector del petróleo y el gas, y la información será clave para ir valorando estas opciones. La eliminación gradual de los combustibles fósiles aumentará la demanda de minerales que son esenciales para producir energía limpia. Esto genera presión para extraer más cobre, níquel y cobalto, los minerales que contiene el depósito de Viiankiaapa.
Abordar el desequilibrio de la información
En muchos países ricos en recursos que se enfrentan a decisiones similares a las de Finlandia, las partes interesadas no tienen fácil acceso a la información y no pueden participar en la toma de decisiones relativas a la gestión del sector. Si se pasan por alto los puntos de vista de las partes interesadas, se puede erosionar su confianza en la capacidad del gobierno para gestionar el sector eficazmente. Una licencia social débil hará que llevar a cabo el proyecto extractivo sea complicado para la empresa, incluso si recibe la aprobación del gobierno.
Los gobiernos y las empresas pueden respaldar el debate informado mediante la divulgación de estudios de impacto ambiental y social, la garantía de que el proceso de concesión de licencias es transparente y la publicación de datos sobre cómo están gestionando la transición energética, vinculando esta información con datos en torno al proyecto propuesto cuando sea pertinente. También pueden facilitar información sobre los beneficios potenciales de los proyectos extractivos, que quizás incluyan ingresos, empleo y pagos sociales.
Incorporar nuevos actores en el EITI
Las organizaciones de la sociedad civil que participan en el proceso EITI pueden promover el diálogo con grupos que se oponen a los proyectos de petróleo, gas y minería. En algunos países, estos grupos optan por no participar en el EITI porque la implementación EITI se centra principalmente en los ingresos y pagos y no aborda directamente sus preocupaciones. Sin embargo, el alcance del EITI se puede ajustar para reflejar las prioridades de las distintas partes interesadas.
El plan de trabajo anual del EITI —un elemento obligatorio de la implementación EITI— es una oportunidad para asegurar que los grupos multipartícipe nacionales se centren en cuestiones que importan a los ciudadanos. Esto podría implicar mejorar la participación en la toma de decisiones y abordar las necesidades específicas de información que ayudan a responder las preguntas sobre el futuro del sector extractivo.
En cuanto a Finlandia, el destino de Viiankiaapa sigue sin resolverse. Quienes apoyan la creación de una mina en la zona argumentan que el proyecto puede crear empleos, daría respuesta a la creciente demanda de minerales y adoptaría salvaguardias ambientales. Los opositores sostienen que un área de conservación única no tiene precio. En los países que implementan el EITI, el grupo multipartícipe debería funcionar como escenario de estos debates.
Foto: Antti Leppänen en Wikimedia Commons.
