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Las disposiciones del Estándar EITI 2019 tienen por objeto mejorar la participación de las mujeres en la gobernanza del sector extractivo y fomentar la publicación de datos desglosados por género que reflejen la participación de las mujeres en el sector extractivo. Una encuesta reciente arroja luz sobre cómo los países que implementan el EITI están progresando para cumplir con estos requisitos.

Desde su creación en 2011, la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés) ha promovido eficazmente reformas para el gobierno abierto en 78 países. De estos países, 30 implementan el EITI. La OGP ha alcanzado muchos logros durante la última década, gran parte de los cuales son compartidos con el EITI a través de compromisos de planes de acción nacionales.

Los oradores del Foro de Transparencia de Beneficiarios Reales del 7 de septiembre compartieron ideas sobre el modo en que se pueden utilizar los registros públicos de beneficiarios reales para crear confianza, combatir la corrupción y enfrentar la delincuencia financiera.

El Reino Unido acoge uno de los mayores sectores de servicios financieros del planeta.

Casi 200 participantes se reunieron el mes pasado en un evento global de aprendizaje entre pares dedicado a las formas de promover la igualdad de género en el sector extractivo a través de la implementación del EITI.

Aunque todavía queda mucho por hacer, la agenda de la igualdad de género está cobrando impulso en el sector extractivo.

Las iniciativas multipartícipes como el EITI se basan en el supuesto de que la participación de la sociedad civil mejorará los resultados de la gobernanza. Sin embargo, en líneas generales, esta premisa no ha sido puesta a prueba; en gran parte, esto se debe a la dificultad que supone la medición de los efectos de este tipo de participación. Recientemente, se publicó en Resources Policy una investigación colaborativa entre la Universidad de Oslo y el personal actual y anterior de la Secretaría Int

Lyydia Kilpi, Directora de Participación de la Sociedad Civil del EITI, explica el papel que puede desempeñar el EITI para contribuir a los debates sobre la extracción de recursos naturales.

Viiankiaapa es un humedal protegido del norte de Finlandia, mi país natal. Pródigo en lagunas, pinares y abedules, el humedal acoge especies amenazadas de plantas y aves. Tradicionalmente, la tierra ha sido utilizada para la cría de renos por el pueblo indígena sami.

El contexto de la presentación de informes EITI está cambiando. A raíz de la pandemia de COVID-19, y de un panorama desafiante para los sectores petrolero, gasífero y minero, muchos países implementadores del EITI están modificando sus prácticas de presentación de informes. Se comparten algunas tendencias y lecciones importantes.

Breve historia de la presentación de informes EITI

El EITI desempeña un papel significativo a efectos de establecer las expectativas de una gobernanza del sector extractivo transparente y sujeta a rendición de cuentas. Esto lo realiza a través del Estándar EITI —que actualmente se implementa en 55 países— y también de las Expectativas respecto de las empresas que apoyan al EITI. Recientemente, se llevó a cabo por primera vez una evaluación de las prácticas tendientes al cumplimiento de estas expectativas por parte de dichas compañías.

En su intervención del 25 de mayo en la Mesa Redonda Global de las Naciones Unidas sobre las Industrias Extractivas como Motor del Desarrollo Sostenible, el director ejecutivo del EITI, Mark Robinson, explicó la labor que desarrolla el EITI para ayudar a los países a maximizar los beneficios de los recursos en favor de sus ciudadanos y planificar la transición energética. La sesión contó con la participación de expertos de los gobiernos, la industria y la sociedad civil,

La pandemia de COVID-19 ha exigido al límite a los presupuestos nacionales, lo cual vuelve más probable que los gobiernos recurran a las empresas de titularidad estatal para obtener los fondos que tanto necesitan. A más largo plazo, los avances hacia el uso de fuentes de energía limpias podrían poner en riesgo las inversiones de las empresas petroleras y gasísticas de titularidad estatal. 

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