Con la entrada en vigor del requisito de la EITI sobre la transparencia de los contratos, hacemos un balance de los avances y las oportunidades en América Latina y el Caribe.
Durante años, los escándalos de corrupción en América Latina y el Caribe han copado titulares de todo el mundo: Lava Jato, Odebrecht, Petrofraude. La conexión con las industrias extractivas es predominante, y se observa un llamamiento público generalizado a favor de la transparencia y la rendición de cuentas.
No obstante, en lo que respecta a la divulgación de los acuerdos extractivos, el panorama en la región es variado. Si bien algunos países han demostrado un sólido compromiso de cumplir con la agenda de transparencia, otros se quedan atrás.
Estado de la cuestión: Petróleo y gas
México fue uno de los primeros en actuar. Desde 2013, su organismo regulador de hidrocarburos, la CNH, ha cumplido con una política de transparencia divulgando no solo los contratos, sino también los procedimientos y las prácticas que rigen los procesos de otorgamiento de licencias y contratos en el país. Los organismos reguladores de Colombia y el Perú, la ANH y Perúpetro, han seguido los pasos de México publicando en Internet los contratos de petróleo y gas.
Sin embargo, la brecha entre la normativa y la práctica es considerable, y esto compromete la transparencia. En Colombia, algunas cláusulas relativas a cuestiones económicas se han tachado; es decir, se han eliminado de las versiones públicas de los contratos de petróleo y gas. En los contratos de petróleo y gas que se publican en la Argentina, las cláusulas que contienen información sensible en materia comercial tienden a ser omitidas. En muchos países, como República Dominicana, Honduras, Perú y Trinidad y Tabago, los contratos más importantes son aquellos que se firmaron décadas atrás y como, desde el inicio, la confidencialidad fue uno de los puntos consagrados, estos contratos más antiguos siguen estando fuera del dominio público.
Estado de la cuestión: Minería
En el caso de los contratos de minería, muchas de las actividades de exploración y producción de la región se rigen por leyes que estipulan términos estándares para todos los proyectos. Por lo general, hay leyes de libertad de información que, en teoría, deberían permitir que los ciudadanos tengan acceso a la información que no se considera confidencial. En algunos países como Suriname, los modelos de contratos de producción compartida son públicos. En otros, sin embargo, los detalles importantes que rigen las operaciones extractivas están estipulados en los planes de desarrollo y operación o en otros instrumentos que permanecen fuera del dominio público. En la Argentina, la divulgación de los contratos de minería es irregular, y los gobiernos provinciales se resisten a hacer públicos sus términos fiscales.
El Ecuador: una muralla china
En 2009, el Ecuador tuvo dificultades para acceder a los mercados financieros internacionales, lo que puso a la economía del país en una situación extrema. Para conseguir financiación, el gobierno firmó varios acuerdos con bancos de desarrollo chinos, que le otorgaron préstamos a cambio de tener acceso a sus exportaciones de petróleo. Al igual que con la mayoría de los acuerdos negociados por China con las economías en desarrollo, los términos de estos acuerdos permanecieron confidenciales, lo que impide su comparación, análisis y escrutinio público.
Como consecuencia, las empresas petroleras estatales del Ecuador se vieron obligadas, por contrato, a vender una gran parte de su producción petrolera a empresas chinas. Según algunos analistas, se estima que más del 80 % de la exportación de petróleo del Ecuador estuvo supeditada a estos compromisos. Pero como los términos contractuales no se hicieron públicos, fue imposible saber si las ventas de petróleo se efectuaron a precios competitivos.
En 2013, la Contraloría General del Ecuador, la principal autoridad de auditorías del país, concluyó que el Ecuador había perdido ingresos en cantidades considerables como resultado de las ventas efectuadas a precios inferiores del valor de mercado. Cinco años después, el gobierno aclaró que no se había firmado ningún contrato nuevo y que las empresas de titularidad estatal habían logrado una mayor participación en las ventas de petróleo a precios competitivos. No obstante, los detalles sobre los préstamos chinos respaldados por petróleo siguen, en su mayoría, sin conocerse. Hubo denuncias de corrupción generalizadas y predomina la desconfianza entre la ciudadanía. El Ecuador es el miembro más reciente del EITI y esto le brinda, sin lugar a dudas, la oportunidad de esclarecer los detalles de estos acuerdos y aportar mayor transparencia a los acuerdos anteriores, actuales y futuros que rigen la riqueza de sus recursos naturales.
Guyana: un importante acuerdo
Desde 2015, varios de los mayores descubrimientos de petróleo de la historia moderna se hicieron frente a las costas de Guyana. Los descubrimientos coparon titulares de todo el mundo y fueron una promesa de prosperidad económica para la pequeña nación sudamericana. Como era de esperar, salió a la luz el problema de la transparencia respecto al otorgamiento de licencias y contratos de explotación de estas grandes reservas de petróleo. El primer acuerdo importante se firmó con ExxonMobil en 2016, publicado posteriormente en respuesta a los llamamientos públicos exigiendo transparencia. El año pasado, se firmó y divulgó un contrato similar para el campo Payara.
Sin embargo, todavía se puede hacer mucho para mejorar la transparencia de los contratos extractivos y las ventas de petróleo en Guyana. El interés público respecto a estos acuerdos de petróleo es alto. Los medios de comunicación guyaneses informan ampliamente sobre las distintas inquietudes que suscitan estos acuerdos, como, por ejemplo, los problemas relativos a la venta de petróleo y a la titularidad de los bloques con licencia. El EITI de Guyana, junto con el Secretariado Internacional del EITI y otros organismos, ya ha comenzado a trabajar sobre estas brechas para fortalecer la transparencia. Con ayuda del proceso EITI, este trabajo sienta las bases para fortalecer la supervisión y el debate públicos sobre la gestión de la nueva riqueza petrolera de Guyana.
Los casos del Ecuador y Guyana demuestran la importancia y la urgencia de que haya transparencia. Pero no son los únicos. Con el requisito de transparencia contractual ya vigente del Estándar EITI, ha llegado el momento de que los países de la región trabajen para subsanar las brechas que hay en la divulgación. El EITI puede servir no solo como medio para la publicación de los contratos, sino también como una plataforma para entender, escrutar y analizar los términos que rigen la extracción de los recursos naturales a fin de arrojar luz sobre un sector que es el principal sostén de las economías de la región.