Generar confianza a través de la transparencia: el Estándar EITI 2023 en América Latina y el Caribe

Históricamente, los recursos extractivos han sido cruciales para las economías de América Latina y el Caribe. No obstante, muchos países de la región han tenido dificultades para poder beneficiarse plenamente de ellos. En un contexto en el que el mundo está virando hacia la descarbonización, una nueva oportunidad emerge para la región. Países como Perú y Argentina, con sus depósitos ricos en litio, y Ecuador, con el proyecto de cobre Cascabel, están listos para impulsar el crecimiento económico y contribuir a la transición energética global. Esta oportunidad, sin embargo, se ve atenuada por un largo historial de desafíos en la gestión de estos recursos, que incluyen la degradación ambiental, conflictos sociales y una gobernanza débil.

Si bien la región tiene mucho para ganar, sigue habiendo inquietudes referentes al impacto ambiental y la falta de una participación sustancial. La debilidad en materia de gobernanza exacerba estos problemas, generando conflictos y tensiones sociales. De acuerdo con lo informado por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), en las últimas dos décadas ha habido más de 250 conflictos, lo cual convierte a esta región en un foco de disputas vinculadas a la minería. Según investigaciones, los conflictos mineros violentos son más comunes en la región América Latina y el Caribe (ALC) que en otras regiones. Los bajos niveles de confianza institucional realzan el nexo crucial que existe entre la gobernanza, por un lado, y la confianza entre las comunidades de los proyectos, las empresas y los gobiernos, por el otro.

El papel del Estándar EITI 2023

La transparencia en la gestión de los proyectos extractivos y la presencia de un diálogo multipartícipe significativo son cruciales para generar confianza y obtener la licencia social para operar. El Estándar EITI 2023 pone el énfasis en una transparencia mejorada, con miras a fomentar la gestión responsable y sostenible de los recursos naturales. Las sesiones virtuales de capacitación organizadas recientemente por el Secretariado Internacional EITI sirvieron como una plataforma para que las partes interesadas analicen soluciones colaborativas y, de esta forma, sienten las bases para un futuro más inclusivo y sostenible de las industrias extractivas en la región.

Conclusiones clave

Optimizar la lucha contra la corrupción

El Estándar EITI 2023 refuerza el vínculo entre la implementación del EITI y la lucha contra la corrupción mediante un enfoque basado en datos. Las partes interesadas conversaron acerca del nexo crucial que existe entre la transparencia sobre los beneficiarios reales y los impactos socioambientales de las estructuras de titularidad opacas. Las siguientes son algunas de las estrategias clave que se discutieron:

• Mejorar la transparencia de las empresas: se alienta a las empresas a divulgar información más detallada, que incluya las estructuras de titularidad completas, los costos de los proyectos y el uso de los datos sobre los beneficiarios reales en sus mecanismos de debida diligencia. Esta transparencia permite comparar las prácticas corporativas con las regulaciones nacionales e identifica áreas a mejorar.
• Empoderar las iniciativas nacionales y subnacionales: el Estándar EITI empodera a los países y las partes interesadas para que consideren la lucha contra la corrupción en la elaboración de sus planes de trabajo, ofreciendo oportunidades para abordar los riesgos de corrupción y fortalecer la colaboración con los medios de comunicación y demás actores anticorrupción. 

Arrojar luz sobre los beneficiarios reales

Los avances en materia de transparencia sobre los beneficiarios reales son variados a lo largo de la región. Esto es consecuencia de normativas inadecuadas, mecanismos de aplicación coactiva débiles, garantías de calidad deficientes y un acceso público a los datos limitado. La transparencia respecto de los beneficiarios reales es crucial, no solo para prevenir actividades ilícitas sino también para identificar a los responsables de los impactos ambientales y sociales de los proyectos extractivos.

Algunos países están robusteciendo la supervisión pública de quiénes ostentan la propiedad y el control de los proyectos extractivos. Por ejemplo, un estudio realizado en Argentina por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables y Ruido analizó la titularidad de los beneficiarios reales de los proyectos de litio; en este sentido, expuso la complejidad de recopilar esta información, así como la necesidad de contar con sistemas gubernamentales accesibles. Valiéndose de estos ejemplos, los debates de las sesiones regionales destacaron los siguientes puntos:

• Ampliar el alcance de la transparencia: el abordaje de los beneficiarios reales debería ir más allá de la divulgación y enfocarse en el uso de los datos. A la hora de divulgar la información, los gobiernos deberían tener en cuenta la diversidad de los destinatarios y priorizar la accesibilidad pública, la puntualidad de los datos y el uso de formatos fáciles de utilizar para los usuarios.
• Generar confianza: la realización de campañas de concientización es esencial para instruir a las partes interesadas acerca de los beneficios de dar a conocer a los beneficiarios reales de forma clara y los riesgos de la falta de divulgación. Abordando las inquietudes referentes a la seguridad y poniendo énfasis en el empoderamiento de la ciudadanía se puede generar confianza y promover un mayor apoyo.

La relevancia de la transparencia de la titularidad real se traduce en la comprensión de quién se beneficia de las empresas y quién es responsable de los impactos resultantes. También está relacionada con los procesos de diligencia debida y los derechos humanos, ampliando la rendición de cuentas por delitos medioambientales

Fortalecer las divulgaciones sociales y ambientales

En la región hay un interés cada vez mayor por las divulgaciones sociales y ambientales. Los debates encabezados por expertos de la CEPAL, DAR Perú y EITI Guyana destacaron la diferencia entre el consentimiento comunitario y las consultas comunitarias, así como el potencial de los países para ir más allá de las divulgaciones del EITI a fin de contribuir de forma sustancial a estos asuntos. Algunos de los principales puntos fueron:

• Fortalecer los marcos regulatorios: los marcos regulatorios de la región reconocen cada vez más la importancia de involucrar a las partes interesadas en los procesos de toma de decisiones. No obstante, sigue habiendo puntos débiles y lagunas considerables, lo cual conlleva riesgos operativos y reputacionales para las actividades extractivas. Los grupos multipartícipes del EITI pueden identificar debilidades regulatorias y promover mejores prácticas mediante el diálogo y labores de promoción.
• Capitalizar las sinergias para abordar las prioridades regionales: los países que implementan tanto el Acuerdo de Escazú como el Estándar EITI 2023 (p. ej. Argentina, Ecuador y México) pueden servirse de ambos marcos para promover la participación pública y el intercambio de información.
• Avanzar más allá del Estándar EITI: los países pueden valerse del marco del EITI para divulgar información social y ambiental más exhaustiva. En Perú, la información del orden subnacional presentada a través del EITI va más allá de la divulgación de la asignación de las regalías procedentes de las industrias extractivas, aportando datos sobre el modo en que las entidades locales utilizan estos fondos para financiar proyectos de transporte, educación, cultura y salud.

El diálogo multipartito entre empresas, gobierno y sociedad civil puede ir más allá de la Estándar EITI para avanzar en el tema crítico de la gestión medioambiental de los proyectos extractivos.

Vanessa Cueto, DAR Perú

De cara al futuro

El Estándar EITI ofrece grandes oportunidades para reformar los sectores extractivos de la región ALC. A través del desarrollo de las capacidades, la colaboración y la integración del Estándar EITI con instrumentos tales como el Acuerdo de Escazú, los países pueden mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la sostenibilidad en la administración de los recursos naturales. Este enfoque puede contribuir a lograr un futuro en el que la riqueza de recursos naturales beneficie a todas las partes interesadas y fomente el desarrollo sostenible.