Hablando francamente: Transparencia ambiental en América Latina y el Caribe

Los días 17 y 18 de noviembre, más de 200 participantes de 29 países se reunieron para un Debate, virtual de dos días, convocado por siete organizaciones aliadas de la sociedad civil de América Latina y el Caribe. El objetivo fue brindar un espacio público para debatir temas que afectan la transparencia ambiental en la región.

Expertos de la industria, la sociedad civil y el sector público compartieron puntos de vista sobre tres temas principales: información ambiental, transición energética y activismo por los derechos ambientales. Utilizando los esfuerzos del EITI en toda la región para enmarcar la discusión, los participantes compartieron sus perspectivas desde la visión de instituciones regionales y experiencias de sus propias comunidades.

Marcos regionales más sólidos

La transparencia juega un papel cada vez más importante en el apoyo a una transición energética justa en América Latina y el Caribe. El reciente Acuerdo de Escazú proporciona un marco fortalecido para el acceso a la información, la justicia ambiental y la protección de los defensores del medio ambiente, la tierra y el territorio.

Carlos de Miguel, Jefe de Políticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, destacó la relevancia de la transparencia para reducir los conflictos ambientales, en una región que agrupa un tercio de los conflictos globales. Reflexionó sobre el vínculo entre el estado de derecho y la violencia contra los defensores del medio ambiente. Asimismo, vio claras sinergias entre el trabajo de la EITI y la CEPAL en la búsqueda de abordar estos desafíos.

César Gamboa, Director Ejecutivo de DAR Perú y miembro del Consejo del EITI, destacó que el acuerdo de Escazú debería permitir que más información se haga transparente a través de los procesos del EITI en toda la región y que se utilice por todas las partes interesadas. Gamboa agregó que los gobiernos nacionales deben ser conscientes de que este acuerdo debe servir para fortalecer su propia gestión ambiental.

Camila Zepeda, Jefa de Asuntos Globales de la Secretaría Mexicana de Relaciones Exteriores coincidió con la oportunidad que brinda el acuerdo de Escazú para incentivar la acción gubernamental en materia de justicia ambiental y social al desarrollar sus recursos naturales. Elogió el proceso del EITI en México y vio una clara oportunidad para aprender de los esfuerzos del EITI para fortalecer la transparencia y compromiso con la sociedad cívica. Alonso Cerdan, subdirector de la Alianza para el Gobierno Abierto  (OGP por sus siglas en inglés) explicó que países como Perú, Chile, Panamá, Ecuador, México y Uruguay están incluyendo compromisos de transparencia ambiental en los planes de acción de OGP. Señaló que la naturaleza tripartita del EITI y la OGP fortalece la colaboración de las partes interesadas para impulsar la gobernanza de los recursos naturales en la región.

Reflejando las voces desde las comunidades

Las voces de organizaciones y activistas a nivel comunitario se escucharon especialmente en el debate. Coincidieron en que la demanda de información social y ambiental se da en un contexto de persistencia de los conflictos ambientales alrededor de los recursos naturales de la región.

Oscar Daza, de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas en la región amazónica de Colombia, destacó que las actividades ilegales alrededor de las comunidades mineras continúan siendo conducidas en detrimento del medio ambiente, impidiendo una adecuada gobernanza y el funcionamiento de los canales de monitoreo regulares.

Janette Bulkan (Foro de políticas de Guyana) e Immaculata Casimero (Movimiento de mujeres Wapichan), de las comunidades indígenas en Guyana, recordaron a los participantes las brechas entre el marco regulatorio y la práctica actual. La Consulta previa sobre los nuevos proyectos sigue siendo un desafío y las comunidades todavía sienten que sus voces no son consideradas adecuadamente.

Gary Aboud, de la organización Fisherman and Friends of the Sea de Trinidad y Tobago, compartió sus frustraciones sobre la imposibilidad de asegurar el acceso a la información de los contratos extractivos, a pesar de las peticiones para ver esta información. Pidió una publicación oportuna que permita  a los ciudadanos monitorear los acuerdos y garantizar la sostenibilidad y los altos estándares en la defensa de los derechos humanos.

Sobre el tema emergente de la transición energética, Ozzi Warwick, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Trinidad y Tobago, reflejó que una transición energética justa deberá considerar una compensación adecuada para los numerosos ciudadanos que han dependido de la industria del petróleo y el gas durante décadas en su país. Silvia Molina, del Centro de Estudios Latinoamericanos Agrarios y Laborales, instó a los hacedores de políticas a no repetir los errores en el diseño de políticas de transición energética y su puesta en práctica, que condujeron a las desigualdades sociales, económicas y territoriales del modelo tradicional de minería. Daniel Castrejón y Sol Pérez de Poder y Fundar - dos organizaciones que participan en el EITI en México – pidieron una mayor inclusión de los activistas ambientales y de derechos humanos en el proceso del EITI, para ayudar a garantizar que los datos del EITI lleguen a las comunidades locales.

Cerrando la brecha

Estas discusiones ilustraron las brechas entre las reglas y regulaciones y las realidades sobre el terreno. Si bien los procesos del EITI en la región brindan transparencia sobre los marcos regulatorios, se necesita más información sobre lo que sucede en la realidad. De manera similar, avanzar en la transparencia y la gobernanza ambiental requiere que tanto las instituciones nacionales como las comunidades locales estén comprometidas, informadas y coordinadas. El debate mostró un creciente apetito por las divulgaciones ambientales bajo el EITI, pero también la necesidad de expandir el uso de estos datos en el trabajo de las partes interesadas en la región.