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Para combatir la corrupción en el sector extractivo

La presidenta del Consejo Internacional del EITI, Helen Clark, publicó esta editorial sobre el compromiso de México para combatir la corrupción y los retos y oportunidades que enfrenta el país en el futuro. Aquí puede ver la editorial original publicada en el diario La Jornada, el 11 de octubre de 2020.

Los recursos naturales de México pertenecen y deben beneficiar a sus ciudadanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) comparten esa convicción. EITI es un estándar global para la transparencia y la buena gobernanza de los sectores de petróleo, gas y minería, conducido en México por el gobierno, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el sector extractivo.

En su segundo Informe de gobierno, el presidente López Obrador centró su mensaje en la transparencia y el combate a la corrupción y en la estrategia del gobierno federal al respecto. Allí, resaltó la participación de México como país implementador de la EITI como uno de los logros en la ejecución de esa estrategia. El compromiso del Presidente en la lucha contra la corrupción y el involucramiento sostenido de México con la EITI han impulsado la agenda de transparencia en el país, dando acceso a los ciudadanos a información relevante sobre el sector extractivo.

La transparencia y la divulgación de datos por sí solos son insuficientes para controlar la corrupción. Las denuncias por este delito y sobornos contra el ex director de Pemex en el escándalo con Odebrecht muestran que pueden quedar resquicios donde se escondan prácticas de corrupción.

Como país integrante de la EITI, México ha conducido los esfuerzos por la transparencia en el sector extractivo con un grupo que incluye representantes gubernamentales, a Pemex, a empresas privadas de los sectores de hidrocarburos y minería, así como a organizaciones de la sociedad civil. El equilibrio entre estos actores diversos, a veces con posiciones encontradas, ha contribuido a mantener los esfuerzos enfocados hacia lograr las metas en materia de transparencia en el país. El debate abierto en torno de la transparencia y la buena gobernanza del sector extractivo contribuye a fortalecer la democracia y la rendición de cuentas.

El compromiso de la actual administración para combatir la corrupción es oportuno y bienvenido. Las disposiciones del estándar EITI para integrar mayor transparencia en áreas de alto riesgo como los contratos y el anonimato de los propietarios de las empresas pueden fortalecer aún más los mecanismos anticorrupción en el sector extractivo, incluidas las empresas de participación estatal. Al adoptarlas, México tiene la oportunidad de concretar el cumplimiento de políticas que aseguren mayores ganancias provenientes del sector extractivo para beneficio de sus ciudadanos.

La opacidad y la no divulgación de los contratos y sus enmiendas generan un elevado riesgo de corrupción que, de con-cretarse, representan pérdidas de miles de millones de dólares al año, mismos que podrían haberse empleado en programas de desarrollo en el país.

México ha mostrado liderazgo en la Red de Transparencia de Contratos de la EITI. Fortalecer la divulgación rutinaria de contratos y sus enmiendas mediante los sistemas gubernamentales y los sitios web de las empresas en el sector extractivo daría a los mexicanos un mejor acceso y más oportuno a información esencial sobre los ingresos que recibe la nación de las actividades extractivas.

Hay oportunidades para una mayor supervisión en el sector extractivo.

La transparencia no está exenta de puntos ciegos, como lo demuestra la investigación en curso sobre Lava Jato, Emilio Lozoya y el escándalo de diversas transacciones entre Pemex y Odebrecht.

Si bien México ha logrado avances importantes en hacer disponibles todos los contratos de hidrocarburos, se necesitan mayores esfuerzos que garanticen que el patrón de corrupción se detenga. Estos esfuerzos también deben enfocarse en divulgar los contratos de minería y en convocar a los gobiernos estatales y municipales a unirse a la red EITI en el país, así como promover que se publiquen datos de manera ágil y accesible.

Una gran oportunidad para México sería liderar en la transparencia en torno de los beneficiarios reales, revelando los nombres de las personas que reciben las ganancias de las operaciones extractivas. Los datos abiertos sobre los propietarios de las empresas son vitales para la buena gobernanza del sector extractivo y reducen la posibilidad de que algunos individuos puedan refugiarse en el anonimato.

Para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), México cuenta con un marco legal maduro para el combate del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Éste es menos robusto, sin embargo, en cuanto a la divulgación de información de los beneficiarios reales. México apoya los Principios de Alto Nivel sobre Transparencia de los Beneficiarios Reales en el G20 y su Plan de Acción 2019-2021 en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) incluye compromisos relacionados con esta meta, como el objetivo final de desarrollar un registro nacional de beneficiarios reales para 2023.

Alcanzar estos objetivos representaría pasos concretos y sustanciales en el camino por delante.

El compromiso del presidente López Obrador contra la corrupción y por la transparencia respalda los esfuerzos de la EITI en México. Si bien la transparencia no es suficiente para combatir la corrupción, la atención en las áreas de alto riesgo puede garantizar que los ingresos que provienen de los recursos naturales de México se utilicen para el cumplimiento de las prioridades nacionales.

El involucramiento del gobierno mexicano, de las empresas que operan en el sector extractivo y de un amplio rango de organizaciones de la sociedad civil con la EITI es una señal alentadora. El desarrollo de nuevas políticas en materia de transparencia contribuirá a garantizar que los ciudadanos de México cosechen los beneficios de los recursos naturales a los que tienen derecho.

Authors: 

Rt Hon. Helen CLARK

Chair of the Board

Helen Clark served as Prime Minister of New Zealand from 1999-2008, and as a Member of the New Zealand Parliament from 1981-2009. Prior to that she taught in the Political Studies Department of Auc