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¿Por qué la resistencia? Impulsar la transparencia de los beneficiarios reales en América Latina y el Caribe

Para los ciudadanos de la región de América Latina y el Caribe la cuestión de quién se enriquece con los recursos extractivos sigue siendo en gran medida una incógnita. Actualmente, un total de 18 países cuenta con normativas sobre beneficiarios reales y ocho han creado registros de esta información. Sin embargo, de estos registros, prácticamente ninguno ofrece acceso público.

¿Por qué los datos acerca de la titularidad no se divulgan públicamente en toda la región? Distintos expertos de los gobiernos, la sociedad civil, la industria e instituciones financieras abordaron esta pregunta en el último evento de “Debates EITI” . Pese a haber un amplio consenso en cuanto a que divulgar los verdaderos dueños de las empresas es fundamental para mitigar los riesgos de corrupción, muchos gobiernos se encuentran con obstáculos técnicos y legales que complican dicha divulgación. Los participantes del evento de Debates EITI se propusieron identificar estos desafíos y destacar algunas oportunidades de éxito para acelerar el progreso en la divulgación de información sobre beneficiarios reales. 

Poner las cosas claras

La presencia de marcos legales y regulatorios sólidos es una pieza fundamental de la transparencia de los beneficiarios reales. Pero concretar las reformas lleva tiempo. “Estas regulaciones no existen de forma aislada, sino que deben contar con una base constitucional”, afirmó el Dr. Roberto de Michele, del Banco Interamericano de Desarrollo. Para darle a la divulgación una base jurídica sólida, los gobiernos deben adoptar una definición de beneficiarios reales. “Esto permite que las empresas tengan claro qué es lo que deben divulgar, y reduce las lagunas jurídicas”, según Louise Russell-Prywata, de Open Ownership.

Algunos países están emprendiendo reformas en materia de beneficiarios reales como parte de sus esfuerzos  contra la corrupción. Por ejemplo, hace poco el Congreso de Colombia presentó un proyecto de ley que impone la divulgación de los beneficiarios reales, a quienes define como las personas naturales que son titulares del 5 % o más del capital o los derechos de voto de una empresa.

En la actualidad, el Gobierno de México está llevando a cabo una reforma de la ley contra el lavado de dinero (aprobada en 2013), que exige que las compañías revelen sus participaciones accionarias en otras empresas. “México tiene un área de oportunidad importante: es un país federal , y los individuos pueden aprovechar las diferencias entre los distintos estados para sacar ventaja en beneficio propio a efectos de ocultar la titularidad real”, señaló el Dr. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México. Para luchar contra esto, el gobierno creó una red de inteligencia financiera con el fin de minimizar las lagunas jurídicas de su sistema federal.

La seguridad personal: ¿un dilema desatinado?

Si se pretende que los registros de beneficiarios reales contribuyan a los esfuerzos contra la corrupción, el acceso público debería ser una característica intrínseca. Sin embargo, la accesibilidad pública de los datos relativos a los beneficiarios reales sigue siendo uno de los mayores desafíos en la región. Quienes se oponen a la transparencia de esta información han invocado inquietudes en torno a la seguridad personal como justificación para mantener la privacidad de la identidad de los propietarios. Los expertos cuestionan este argumento, especialmente en los casos en que los titulares de las participaciones son funcionarios públicos o empleados estatales. “Cuando un empleado estatal goza de notoriedad pública, creo que existe una necesidad social de poder acceder a ese tipo de información por el bien de la población”, manifestó el Dr. Nieto.

Noel Alonso Murray, directora ejecutiva de Directorio Legislativo, planteó que las personas expuestas políticamente y las empresas que celebran contratos con los gobiernos deberían seguir las reglas del juego. “Un individuo no puede constituir un argumento más fuerte que los intereses de una entidad pública nacional”, señaló. Asimismo, el Dr. Michele reforzó la idea de que la información sobre los beneficiarios reales debería ser de carácter público, y que todas las personas deberían poder beneficiarse de ella. “Esto solo puede lograrse a través de una política pública”, agregó.

La transparencia de los beneficiarios reales, además, ayuda a los actores de la industria a lograr los propósitos de su gobierno corporativo. Según Tim Robinson, director de cumplimiento normativo (CCO) de BHP, contar con datos públicos sobre los beneficiarios reales hace que sea mucho más fácil cumplir con los procesos de debida diligencia. Esto, a su vez, puede ayudar a las empresas a asegurarse de que actúan siguiendo prácticas empresariales sensatas en los países donde operan.

Del compromiso con la divulgación al uso de los datos

Si bien sigue habiendo obstáculos, algunos países están dando el ejemplo con su conducta. El año pasado, la oficina del EITI en Trinidad y Tobago estrenó un repositorio público y gratuito que contiene información clave sobre las empresas extractivas que desarrollan actividades en el país. Este registro está basado en información presentada de forma voluntaria, e incluye datos como, por ejemplo, los nombres de las personas físicas, sus domicilios registrados, el código de identificación tributaria de las empresas, y el nombre de toda persona expuesta políticamente que esté asociada a las compañías.

Por otra parte, existe un enorme potencial para utilizar los datos sobre beneficiarios reales con miras a poner freno a la corrupción. Nuestro proyecto piloto en Colombia, desarrollado conjuntamente con Directorio Legislativo, analizó los datos sobre dichos beneficiarios con el fin de señalar posibles riesgos de corrupción como, por ejemplo, conflictos de intereses. Dado que los datos acerca de los beneficiarios reales no son de acceso público en Colombia, esta herramienta recurrió a datos sustitutivos procedentes de contratos disponibles al público. Los resultados arrojaron 19 alertas sobre una muestra de 900 funcionarios públicos, y está prevista la realización de un análisis más exhaustivo más adelante este año.

La transparencia de los beneficiarios reales es una iniciativa aún en desarrollo en América Latina y el Caribe, y todavía queda mucho por hacer para que esta información pase a ser de dominio público. Nuestro nuevo programa global denominado Opening Extractives (“Develando las actividades extractivas”), que se llevará a cabo de forma conjunta con Open Ownership, tiene por objetivo acelerar la divulgación de los beneficiarios reales en un grupo específico de países y difundir buenas prácticas para que los demás puedan seguir el ejemplo. Próximamente se comunicarán novedades al respecto. 

Authors: 

Esteban Manteca Melgarejo

Gerente de pais - América Latina y el Caribe

Esteban es gerente de país para América Latina y el Caribe, responsable de apoyar la instrumentación de EITI en los países del continente.