A partir del 1 de enero de 2020, el Estándar EITI exige que los países implementadores soliciten, y que las empresas divulguen, información sobre los beneficiarios reales (Requisito 2.5). Este requisito se aplica a las empresas que solicitan obtener, o que poseen, alguna participación en el sector extractivo de un determinado país, y exige que divulguen sus beneficiarios reales y su nivel de titularidad, así como detalles sobre el modo en que se ejercen la titularidad o el control. A los fines de alcanzar este Estándar, en la mayor parte de los países implementadores posiblemente hagan falta nuevas leyes que faculten al gobierno a recolectar información sobre los beneficiarios reales. No obstante, en un pequeño grupo de países será posible valerse de las actuales leyes contra la corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que ya exigen la divulgación de los beneficiarios reales.
En este informe se examinan las leyes relativas a la divulgación de los beneficiarios reales de determinados países implementadores del EITI específicos. El propósito de este estudio consiste en informar a los grupos multipartícipes acerca de los diferentes abordajes jurídicos para la divulgación de los beneficiarios reales, así como asistir al EITI y a los distintos socios en la labor de contribuir con los países teniendo en consideración las modificaciones legislativas o las nuevas leyes en materia de beneficiarios reales. Este estudio compara las diversas leyes examinadas e identifica eventuales lagunas legislativas susceptibles de obstar a la divulgación exhaustiva de los beneficiarios reales. A continuación, presenta una serie de recomendaciones en cuanto al nivel de detalle que debe contemplarse en las leyes sobre beneficiarios reales y cómo pueden llenarse las lagunas identificadas a los fines de mejorar la transparencia.
Si bien posiblemente sea demasiado pronto para establecer prácticas modelo dado el carácter novedoso de la mayoría de las leyes sobre beneficiarios reales, este estudio identifica ciertas disposiciones que parecerían ostentar mayores probabilidades de incrementar la divulgación de información sobre los beneficiarios reales y el nivel general de transparencia habida cuenta de su estructura y exhaustividad. Se ofrecen ejemplos de disposiciones y recomendaciones que podrían ayudar a los países a hacer que sus leyes sobre beneficiarios reales sean más exhaustivas y susceptibles de cumplimiento coactivo.
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