Desde hace mucho tiempo, la transparencia respalda los esfuerzos para mejorar la gobernanza de los recursos petroleros, gasíferos y minerales, y para evitar los efectos negativos de la “maldición de los recursos”. La transición hacia una economía sostenible y descarbonizada está redefiniendo las industrias extractivas y, a su vez, los riesgos y las oportunidades que se derivan para los países productores. Esto tendrá profundas implicaciones para el perfil de la buena gobernanza de los recursos extractivos, y también para los tipos de datos, divulgaciones y debates que serán necesarios para apoyar la rendición de cuentas. La transparencia también es fundamental para los esfuerzos internacionales en pos de la transición, incluida la comunicación de las emisiones y la divulgación de los riesgos climáticos. Hasta la fecha, sin embargo, se ha prestado poca atención a cómo estas tendencias pueden afectar a la transparencia en el sector extractivo, o al papel que este podría desempeñar en el apoyo a una transición ordenada.
En calidad de estándar global para la transparencia en el sector extractivo, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) tendrá que dar respuesta a este contexto global cambiante y a las distintas necesidades que vayan surgiendo en los países productores. La transición planteará diferentes riesgos y oportunidades para los países productores según el tipo y la escala de sus recursos, su etapa de producción y el grado de su dependencia económica, energética e industrial del sector. Si bien las conversaciones en el seno del EITI están enmarcadas en términos del desarrollo sostenible, su implicación en la transición energética y el cambio climático ha sido limitada hasta ahora. Con una implicación eficaz, el EITI podría ayudar a garantizar que los países implementadores tengan una visión completa de los riesgos y las oportunidades en su contexto nacional, y acceso a la información necesaria para gestionarlos. Sin esta implicación, el EITI corre el riesgo de perder eficacia como norma de gobernanza y relevancia de cara a los países implementadores y sus partidarios.