El redoblamiento de los esfuerzos para la transparencia de los beneficiarios reales bajo el nuevo Estándar EITI

A medida que el sector extractivo sigue evolucionando, también lo hace el Estándar EITI. Desde que vio la luz por primera vez en 2013, el Estándar EITI ha ido adaptándose para responder a los riesgos emergentes del sector extractivo. Uno de los cambios más importantes es la adopción de disposiciones para incorporar la lucha contra la corrupción en la implementación del EITI. El abordaje de la corrupción ha pasado a ser un objetivo central de algunos requisitos específicos, entre ellos, los relativos a los beneficiarios reales.

Con el compromiso de más de 120 países hacia la transparencia en materia de beneficiarios reales, esta reforma se ha transformado en una regla a nivel mundial, que las jurisdicciones deben adoptar para estar a tono con los principios internacionales de transparencia y rendición de cuentas. Conocer a las personas que intervienen en las transacciones comerciales entre las empresas y los gobiernos es crucial para salvaguardar la reputación y fomentar la confianza. Permite tomar decisiones informadas respecto de potenciales relaciones comerciales, y sirve como una importante herramienta para combatir la corrupción.

La transición energética global pone de relieve la necesidad de esta reforma. La mutación de la demanda de petróleo, gas y minerales puede exacerbar los riesgos de corrupción en el sector extractivo, por lo que la transparencia y la rendición de cuentas en la gobernanza de los recursos naturales se vuelven aún más cruciales. En este contexto, la transparencia sobre los beneficiarios reales es fundamental para que los beneficios derivados de los recursos naturales vayan a manos de la ciudadanía y no de intereses creados. El uso de registros públicos puede contribuir a una variedad de objetivos, como investigar la corrupción, realizar seguimientos de los flujos financieros, prevenir conflictos de intereses, poner de relieve las irregularidades y mejorar los controles de debida diligencia y sanciones, entre otros.

Cambios trascendentales en materia de beneficiarios reales

Los requisitos sobre beneficiarios reales han evolucionado significativamente a lo largo de la última década. En 2013, el Estándar EITI recomendó que los países crearan registros públicos de empresas. Tres años más tarde, el Estándar EITI introdujo un requisito que marcó un antes y un después, al imponer la divulgación de los beneficiarios reales de las compañías de petróleo, gas y minería a partir de enero de 2020. Esta labor, que comenzó en 2013 con una prueba piloto de un pequeño grupo de países, actualmente involucra a más de 30 países del EITI que divulgan datos sobre los beneficiarios reales, ya sea a través de registros o en Informes EITI.

El Estándar EITI 2023 lleva esa iniciativa un paso más allá: sus disposiciones reforzadas prevén umbrales más bajos para la divulgación de datos sobre los beneficiarios reales y la ausencia de cualquier tipo de umbral para las personas expuestas políticamente (PEP), así como una vinculación más sólida con el otorgamiento de licencias, una supervisión mejorada de la propiedad de las empresas estatales y las empresas que cotizan en bolsa, la divulgación de los propietarios legales y las cadenas de titularidad, y el uso de datos sobre los beneficiarios reales por parte de las compañías para sus controles de debida diligencia.

1. Reducción de los umbrales para la divulgación de los beneficiarios reales (2.5.f.ii)

Al momento de definir a los beneficiarios reales, las jurisdicciones establecen la participación mínima que una persona debe tener en la propiedad o control de una empresa, p. ej. la titularidad de acciones de capital o derechos de voto. Cuanto más bajo es el umbral, más fácil resulta identificar intereses ocultos. Reconociendo que el sector extractivo es propenso a los riesgos de corrupción, el Estándar EITI ahora alienta a los países a adoptar un umbral del 10 % o menos para dar a conocer a los beneficiarios reales. Esto garantiza la divulgación de la mayor parte o la totalidad de las participaciones de capital, sin margen para intereses ocultos.

Mientras que algunos de los pioneros en la materia, como el Reino Unido y Ucrania, establecían un umbral del 25 % en 2015, las leyes más recientes de las distintas jurisdicciones han definido umbrales más bajos. En la actualidad, más de 20 países del EITI han adoptado un umbral del 10 % o menos, entre los que cabe mencionar a Argentina (1 o más acciones), Colombia (5 %), Nigeria (5 %) y Senegal (2 %). Muchos países, además, han establecido umbrales más bajos específicos para sectores de alto riesgo, como el de las industrias extractivas; entre ellos se encuentran Armenia (10 % para el sector minero, en contraposición al 20 % para otros sectores), Ghana (5 % para las empresas del sector extractivo registradas en el ámbito local, contra el 20 % para los sectores de bajo riesgo) y Liberia (5% para las industrias de la minería, el petróleo, el gas y la agricultura, a diferencia del 10 % aplicado para el sector de la silvicultura). Sin embargo, son varios los países que todavía no se han sumado a esta tendencia.

2. Divulgación de las PEP para detectar conflictos de intereses (2.5.f.ii)

El Estándar EITI 2023 robusteció el requisito de dar a conocer a las PEP que poseen una participación directa o indirecta en una empresa, al solicitar la divulgación integral de las PEP independientemente de su porcentaje de titularidad.

Estas divulgaciones son vitales para identificar conflictos de intereses. A la inversa, la falta de transparencia respecto de las PEP y sus activos (específicamente de aquellos pertenecientes al sector extractivo) puede dar lugar a grandes riesgos de corrupción, especialmente cuando hay PEP involucradas en la adjudicación de concesiones sobre recursos naturales. Países como Armenia, Ghana o la República Kirguisa exigen que los beneficiarios reales que son PEP divulguen su participación en el capital o control independientemente del porcentaje. Iniciativas como “Joining the dots” demuestran el valor de utilizar esta información.

3. Vinculación con el proceso de otorgamiento de licencias (2.2.c)

El Estándar EITI 2023 refuerza el nexo entre la información sobre los beneficiarios reales y el otorgamiento de licencias, ayudando a que estas se otorguen a entidades transparentes y sujetas a rendición de cuentas. En este sentido, se alienta a los países del EITI a vincular los registros de licencias disponibles públicamente con las plataformas gubernamentales que contienen información sobre los propietarios legales y los beneficiarios reales de las empresas de petróleo, gas y minería.

Esta vinculación puede ayudar a las autoridades reguladoras a analizar quién está detrás de las entidades jurídicas que solicitan, poseen o transfieren licencias. Si bien son pocas las jurisdicciones que vinculan activamente la información sobre las licencias con la información sobre los beneficiarios reales, el programa Opening Extractives, implementado por el EITI y Open Ownership, está ayudando a países como Colombia, Ghana, Indonesia y Zambia a garantizar el uso activo de los datos sobre los beneficiarios reales para los controles relativos a las licencias.

4. Identificación del control y la propiedad de las empresas estatales, sus proveedores y las empresas que cotizan en bolsa (2.5.f.iii, v y 2.6.e)

El Estándar EITI 2023 ahora exige que las empresas estatales den a conocer el nombre de su/s Estado/s propietario/s o controlante/s, el porcentaje de titularidad y detalles sobre cómo se ejerce la propiedad o el control. También se alienta a las empresas estatales a divulgar la identidad y los beneficiarios reales de sus agentes o intermediarios, proveedores o contratistas que intervienen en transacciones de importancia material, lo cual puede ayudar a cerrarle puertas a la corrupción.

Además, se alienta a los grupos multipartícipes del EITI a revisar la exhaustividad y fiabilidad de los datos sobre la titularidad divulgados en la documentación presentada ante las bolsas de valores. Esto puede ayudar a suplir las carencias presentes en ciertas jurisdicciones en donde las empresas cotizadas en bolsa podrían aprovecharse de la existencia de requisitos sobre transparencia poco estrictos.

5. Divulgación de los propietarios legales y las cadenas de titularidad (2.5.g)

Los países implementadores ahora deben dar a conocer a los propietarios legales, mientras que a las empresas, por su parte, se las alienta a divulgar su estructura de titularidad, incluida la cadena completa de entidades jurídicas que conduce al beneficiario real en cuestión. Esto puede ayudar a elaborar un mapa del alcance completo de las empresas y las relaciones entre las personas y las entidades jurídicas que ejercen control, influencia o la propiedad en una empresa, lo cual puede servir de base para investigar conflictos de intereses.

6. Uso de la información sobre los beneficiarios reales para controles empresariales de debida diligencia (1.2.b)

Se espera que tanto las empresas que apoyan al EITI como las empresas que presentan informes publiquen una política anticorrupción que describa cómo gestionan los riesgos de corrupción, incluido el uso que hacen de los datos sobre los beneficiarios reales. Esta información puede serle útil al sector privado para enfrentar activamente los riesgos, al permitirle identificar con quién se está haciendo negocios. 

El elefante en la habitación: las inquietudes en torno a la privacidad

Algunos países del EITI se mantienen reacios a divulgar públicamente la información sobre los beneficiarios reales, alegando inquietudes relativas a la privacidad y la protección de los datos personales. Alcanzar un equilibrio entre la transparencia y la privacidad de los individuos sigue siendo un desafío.

Pese a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que estableció que el acceso público a los registros de beneficiarios reales ya no es válido en todos los casos, varios países han mantenido el carácter público de sus registros. En los países afectados por esta sentencia, deberían analizarse más profundamente las cuestiones atinentes a qué constituye un interés legítimo para acceder a datos sobre beneficiarios reales, especialmente en lo que respecta a los propietarios de empresas que poseen o pujan por licencias extractivas.

Sin embargo, la importancia y el valor de dar a conocer públicamente a los beneficiarios reales del sector extractivo son evidentes. Los recursos naturales pertenecen en última instancia a la ciudadanía, y la transparencia es fundamental para garantizar que estos recursos se utilicen en su beneficio. Los países del EITI deberían seguir avanzando en la recopilación y divulgación de datos sobre los beneficiarios reales conforme a lo previsto en el Estándar EITI. Varios países han demostrado su compromiso hacia esta agenda con la creación de registros públicos; entre ellos se encuentran Armenia, Ghana, Indonesia, Liberia, Nigeria, Reino Unido y Zambia. Si bien es necesario seguir trabajando para garantizar la exhaustividad y fiabilidad de los datos, estos ejemplos demuestran que las ventajas superan a los riesgos.

Continuar en la línea del progreso

Las disposiciones del Estándar EITI relativas a la transparencia sobre los beneficiarios reales —hoy en día una regla a nivel mundial— fortalecen el compromiso del EITI de mitigar la corrupción en el sector extractivo. En la era de la transición energética, estas disposiciones se vuelven aún más vitales para garantizar un escenario justo y transparente. El EITI mantiene su dedicación a ayudar a los países implementadores a lograr este objetivo, y los requisitos referentes a la transparencia sobre los beneficiarios reales son una prueba de la postura proactiva de la organización para impulsar esta agenda.

Este artículo de blog es parte de una serie anticorrupción más amplia que ahonda en las modificaciones del Estándar EITI. Más información.