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Beneficial ownership

Beneficiarios reales

Conocer quiénes son los propietarios y quienes controlan las empresas extractivas

Los verdaderos dueños de las empresas extractivas, conocidos como los beneficiarios reales, suelen permanecer en el anonimato u ocultos detrás de una cadena de empresas pantalla. Esto puede representar un desafío particular en las industrias extractivas, en donde el tema de saber quién tiene los derechos a extraer petróleo, gas y minerales es fundamental a los fines de lidiar con los riesgos de corrupción o los conflictos de interés.

La protección del anonimato puede desalentar las inversiones y dificultar la lucha contra la corrupción. Se estima que los países en desarrollo han perdido USD 1 billón por año desde el 2011 como consecuencia de negocios corruptos o ilegales, muchos de los cuales involucran a empresas anónimas.

Distintas investigaciones que utilizaron información sobre los beneficiarios reales han culminado en filtraciones de datos. Entre ellas cabe citar a las denominadas Panama Papers, Luana Leaks y Pandora Papers.

El EITI ha logrado producir resultados prácticos mediante la inclusión de información sobre los beneficiarios reales en los procesos de otorgamiento de licencias y de inscripción de empresas y a través de la presentación de informes EITI. El hecho de publicar detalles acerca de la titularidad de las empresas puede ayudar a cerrar canales de corrupción, posibilitar el funcionamiento eficaz de los regímenes fiscales, desarrollar mercados más justos, alentar inversiones responsables y gestionar los riesgos de los negocios. El abordaje de estos temas se mantendrá como un elemento crucial a medida que la transición energética se acelere.

El Estándar EITI exige que los países implementadores divulguen información sobre los beneficiarios reales de las empresas extractivas a partir del 1 de enero de 2020. Las divulgaciones relacionadas a los beneficiarios reales se encuentran incluidas en el Requisito EITI 2.5.

Opening Extractives

El EITI y Open Ownership (OO) se han aliado para producir Opening Extractives, un programa global que aspira a transformar la disponibilidad y el uso de los datos sobre los beneficiarios reales con vistas a una gobernanza eficaz del sector extractivo.


La transparencia respecto de los beneficiarios reales en la práctica

Trinidad y Tobago

En agosto de 2020, EITI Trinidad y Tobago (TTEITI) puso en marcha el primer registro de acceso público sobre titularidad de América Latina y el Caribe. La base de datos contiene información sobre la titularidad de las empresas mineras, petroleras y gasísticas, incluidos los nombres y domicilios registrados de las personas naturales, así como la identificación tributaria y la participación bursátil de las empresas. Además, incluye información sobre las personas expuestas políticamente asociadas a estas empresas.

Registro de TTEITI
Port of Spain, Trinidad and Tobago

Colombia

En octubre de 2020, el EITI emprendió un proyecto piloto en colaboración con Directorio Legislativo para identificar los riesgos de corrupción asociados a las personas expuestas políticamente (PEP) en Colombia. Al cotejar los datos sobre los beneficiarios reales de las empresas extractivas con las divulgaciones financieras, la herramienta genera avisos de alerta, como conflictos de intereses potenciales en el otorgamiento de licencias y la celebración de contratos. Ya que los datos sobre beneficiarios reales no son de acceso público en Colombia, esta herramienta recurrió a datos indirectos de contratos disponibles al público.

Los resultados revelaron 19 alertas sobre una muestra de 900 funcionarios públicos. El proyecto fue premiado con el segundo lugar en el Reto Anticorrupción del FMI.

Más información
Bogota, Colombia

Compromiso empresarial

La transparencia sobre los beneficiarios reales beneficia en última instancia a las empresas, ya que puede contribuir a sus propias iniciativas contra la corrupción y genera un escenario de igualdad de condiciones para el desarrollo de negocios responsables. En 2021, un grupo de empresas líderes de minería y energía se comprometieron a favorecer una mayor transparencia mediante divulgaciones sobre sus propios beneficiarios reales.